Sesión 3

Como cualquier trabajo que se desenvuelve en un contexto institucional, el trabajo académico requiere ser regulado. Todas las instituciones de educación superior tienen acuerdos respecto a las actividades y responsabilidades de los académicos por un lado y, por otro, las condiciones que se les proporcionan para realizar sus labores y, muy importante, las remuneraciones y otras consecuencias que el académico recibirá en función de su desempeño en el contexto del contrato estipulado.

No obstante, la regulación del trabajo académico no es una cuestión sencilla. El trabajo académico es, sin duda alguna, un trabajo peculiar en varios sentidos. En primer lugar, no es un trabajo que mucha gente identifique como tal al no implicar acciones corporales específicas; en lugar de ello, se le ve como un “trabajo intelectual,” uno en el que el conocimiento es el objeto con el que se labora. En segundo lugar, abarca un conjunto de actividades diversas (docencia, investigación, extensión, trabajo administrativo y de gestión) que, si bien pueden estar relacionadas, admiten realizarse de manera aislada y/o combinada con diferentes grados de énfasis. En tercer lugar, tales actividades demandan condiciones de trabajo diversas asociadas a diferentes tipos de instituciones de educación superior. En cuarto lugar, el trabajo académico puede admitir altos grados de autonomía en tanto los académicos influyan en él con una mayor o menor intensidad. Finalmente, el trabajo académico tiene otras “peculiaridades,” como el que no siempre se ajusta a un horario o a un espacio; no es sencillo determinar cuándo es que un académico está trabajando y, así mismo, tampoco es fácil determinar si se están cumpliendo adecuadamente con las responsabilidades estipuladas en los contratos de trabajo

En contraste con lo que sucede con otros trabajos que se desarrollan en espacios y tiempos definidos, y en los que existen actividades y resultados específicos, las características anteriormente mencionadas hacen que el trabajo académico no siempre sea fácil de regular por parte de las autoridades institucionales bajo las cuales, al menos formalmente, se encuentran el académico y su trabajo.

Si observamos la evolución del trabajo académico en México y otros países en desarrollo durante los últimos 50 años, podemos observar cómo el personal académico y su trabajo se han reconfigurado significativamente. Además, también se ha visto modificada la forma en que las instituciones de educación superior y las comunidades académicas regulan dicho trabajo. Mientras que muchas comunidades académicas han fortalecido su ethos y, con ello, regulan sus prácticas profesionales, muchas instituciones de educación superior han transitado de contar con un contrato en el que las remuneraciones y condiciones de trabajo estaban asociadas exclusivamente a un conjunto de categorías estipuladas con mayor o menor cuidado, a una situación en la cual, además de tal contrato, hay otro, ya sea institucional o suprainstitucional, en el que las categorías del primer contrato son puestas en un segundo plano, en virtud de la magnitud de las remuneraciones y el prestigio que proporciona el segundo contrato, el cual suele ser, además, temporal.

Una característica central de los segundos contratos a los que hacemos referencia es que se basan en la suposición de que el contrato institucional no es suficiente para reconocer y recompensar diferencialmente la calidad, excelencia o “mérito” del trabajo que desarrollan los académicos. Más allá de otros factores económicos y políticos que contribuyeron de manera importante para su creación, esta racionalidad es central al uso que hoy en día se hace de los “Sistemas de Pago por Mérito” en el ámbito académico.

Iniciando en 1984 con la creación del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, los sistemas de pago por mérito se han convertido no solamente en un instrumento ampliamente empleado en la educación superior mexicana, sino que su lógica meritocrática ha logrado permear en las mismas comunidades académicas. En un momento en el que a nivel nacional se plantea dejar atrás la perspectiva “neoliberal,” nos parece pertinente llamar la atención sobre el papel que estos esquemas de pago han tenido, tienen y pueden tener en una nueva forma de atender la educación superior pública.

¿A qué se refieren los conceptos de mérito y meritocracia? ¿Cuáles son las características básicas de los sistemas de pago por mérito? ¿Qué objetivos, manifiestos y latentes, persiguen? ¿Qué supuestos subyacen a esta manera de ver la relación entre trabajo y remuneraciones? ¿Qué actores han participado, participan o deberían participar, en la formulación de los sistemas de pago por mérito? ¿Qué impactos, positivos y/o negativos, ha tenido la implementación de estos esquemas de pago en el trabajo académico y su regulación? ¿Es factible y/o conveniente implementar estos sistemas de pago para cualquier actividad académica y/o en cualquier tipo de institución de educación superior? ¿Qué relación guardan los esquemas laborales “tradicionales” con los sistemas de pago por mérito? ¿Son los sistemas de pago por mérito la “mejor” forma de regular el trabajo académico? ¿Existen otras formas de regulación? ¿Cuál es el futuro de los sistemas de pago por mérito en la academia?

Esta sesión del Seminario ASU30 asume que éstas y otras preguntas relacionadas con los sistemas de pago por mérito son relevantes, y para hablar sobre ellas hemos invitado a cuatro distinguidos colegas:

Dr. José Joaquín Brunner

Dr. Manuel Gil Antón

Dra. Susana García Salord

Dr. Raúl Rodríguez Jiménez

Formato de la sesión:

Será una mesa redonda en la que los participantes, a partir de las preguntas planteadas, expongan sus puntos de vista sobre dos grandes temas asociados a esas preguntas, a saber:

1. Origen, papel y peso de los sistemas de pago por mérito en la regulación del trabajo académico

2. Los efectos generados por estos sistemas y su futuro como mecanismo regulador del trabajo académico.

La sesión tendrá una duración de dos horas. En ese tiempo los dos temas serán discutidos en bloques de 40 minutos cada uno y un bloque final de 20 minutos para dar lugar a la participación del público con preguntas y, en su caso, comentarios de cierre de cada participante.

Esquema general:

Presentación de la mesa y los invitados: 10 minutos.

Tema 1: 40 minutos (10 minutos por participante).

Tema 2: 40 minutos (10 minutos por participante).

Cierre: Participación del público 30 minutos.


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